El Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Valparaíso emitió una orden de arresto por tres días en contra del gobernador regional, Rodrigo Mundaca, debido a la falta de respuesta a un requerimiento de información.
El conflicto se originó a raíz de una demanda laboral contra una empresa por cotizaciones previsionales adeudadas. El tribunal había solicitado al Gobierno Regional (GORE) de Valparaíso informar si existían contratos vigentes con dicha empresa para retener los pagos correspondientes y destinarlos al trabajador afectado.
Ante la falta de respuesta, el magistrado Julio Fuentes aplicó el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, la orden fue dejada sin efecto este martes, luego de que la administración regional entregara, finalmente, lo solicitado.
«Se pidió la información y no hubo respuesta. Después se pidió cuenta nuevamente, pero tampoco hubo respuesta oportuna. Así que la parte ejecutante lo que hizo fue solicitar que se aplicara -en base al mencionado artículo- en contra del GORE una multa u orden de arresto por la omisión en cumplir lo ordenado por el tribunal», explicó el magistrado del Juzgado de Cobranza Laboral de Valparaíso.
«Aquí no hay involucrado ningún delito ni falta de parte del GORE, sino que es una medida de apremio procesal. El GORE informó el día de ayer, 23 de febrero, lo que se le había solicitado, así que hoy 24 ya fue dejada sin efecto la orden de arresto«, precisó el juez Fuentes.
Mundaca: «Completamente desproporcionado»
El gobernador Rodrigo Mundaca aseguró que no fue «notificado ni por RUT ni físicamente de esta orden de arresto» y señaló que también se enteró, pero no oficialmente, «de que la Corte anuló la orden».
«¿Se imagina usted que los jueces de la República estuvieran emitiendo órdenes de arresto a todas las autoridades electas democráticamente por no responder? Me parece completamente irracional que contra una autoridad electa democráticamente un juez de la República, Julio Fuentes, dicte una orden de arresto de tres días porque no contestamos un requerimiento de su tribunal», reprochó la autoridad regional.
«Es completamente desproporcionado: deberían meter a los delincuentes a la cárcel, pero no a una autoridad electa democráticamente», fustigó.
Aunque el tribunal dio por cerrada la arista judicial del incidente, Mundaca no descartó acciones legales por la filtración del caso a la prensa.
