Recientemente el proyecto minero-portuario Dominga volvió a situarse en el centro del debate judicial luego de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta anuló de forma unánime lo resuelto por el Primer Tribunal Ambiental en febrero del 2025, que había ordenado al Comité de Ministros que nuevamente se reunieran para analizar dicho proyecto, esto tras el rechazo a la excepción de pago formulada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Y a pesar de que el Primer Tribunal Ambiental había dado un plazo de 10 días para entregar una nueva resolución, el reciente fallo de la Corte de Antofagasta anula este proceso, al considerar que “su aplicación resulta improcedente”, al estimar que no existía una sentencia definitiva que pudiera ejecutarse.
¿POR QUÉ SE ANULÓ?
Según lo indicado en el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, “de acuerdo con lo establecido en los artículos 174 y 175 del CPC, son ejecutables las sentencias definitivas e interlocutorias firmes que declaren un derecho a favor de quien lo invoca, requisito del que adolece la sentencia que se pretende ejecutar en la especie, ello según lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en estos antecedentes”.
“De lo dicho, deviene categórico que se aplicó el procedimiento de ejecución a un caso no previsto por la ley, lo que origina un vicio procesal que debe ser subsanado empleando las facultades de corrección oficiosas de que dispone este tribunal conforme lo previenen los artículos 83 y siguientes del Código de Procedimiento Civil”, se añade en el fallo.
En dicha resolución también se establece que “(…) conforme a lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en fallo al que se alude, la sentencia que sirve de título ejecutivo en estos antecedentes, no estableció ningún derecho a favor de alguno de los intervinientes, ni plasmó tampoco una decisión en relación a la calificación del proyecto, en sus propios términos, dicho acto jurisdiccional no resolvió confirmar ni revocar lo decidido por el Comité de Ministros, sino que decidió anular dicha decisión, ordenando un nuevo pronunciamiento del órgano recurrido, de modo que no ha resuelto la cuestión o asunto objeto del juicio, ni ha puesto fin a la instancia, pues en su propio contenido ordenó seguir con la tramitación”.
De acuerdo al tribunal de alzada: “(…) pretender que una Corte de Apelaciones, en el marco de un recurso de apelación respecto del cumplimiento de lo resuelto, se pronuncie sobre cuestiones esenciales del proceso de evaluación ambiental, precisamente, los límites y competencia de las autoridades llamadas a intervenir en este, entre las demás que inciden en este proceso, resulta manifiestamente impertinente y contrario a la ley y, con ello, demostrativo de la improcedencia de aplicar este procedimiento de ejecución de resoluciones judiciales a la resolución dictada por el tribunal ambiental”.
“Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 83 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, de oficio, SE ANULA todo lo obrado en el procedimiento de cumplimiento incidental en causa rol R-95-2023 del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta y, en su lugar, se declara que atendida la naturaleza jurídica de la resolución en alzada su aplicación resulta improcedente”, se concluye en el escrito.
Esto significa que el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta es sobre la forma en que actuó el Tribunal Ambiental, más no sobre el proyecto en sí, por lo que su futuro seguiría en discusión y sumaría un nuevo capítulo a una larga controversia de 12 años de litigios marcados por resoluciones cruzadas, recursos judiciales y posiciones enfrentadas entre la empresa, autoridades y distintas organizaciones ambientales.
EVALUANDO LOS PASOS A SEGUIR
Aunque este nuevo fallo ha sido celebrado por las agrupaciones ambientalistas, no es un hito especialmente relevante para la Asociación Comunal de La Higuera, la que es partidaria de la instalación de la mina y el puerto, debido a que representaría la posibilidad de acceso a empleos, inversión y dinamización económica.
Debido a esto, Fernando Roco, el abogado que representa a la Asociación Comunal de La Higuera, aseguró que “sin perjuicio de que estamos evaluando los pasos procesales a seguir, en el fondo esta decisión no implica cambio alguno de la situación general, pues siempre se debe cumplir esa determinación del Tribunal Ambiental de Antofagasta, lo que es plenamente favorable al proyecto”.
El abogado también insistió en que “en nuestra consideración, lo que debiera producirse es una nueva votación del Comité de Ministros que cumpla efectivamente con lo que se le ordenó en diciembre de 2024”.
Ahondando en esto, el litigante explicó que “la Corte de Apelaciones de Antofagasta ha resuelto el asunto pendiente y ha anulado todo lo obrado en la etapa de cumplimiento incidental. La razón para ello fue que la Corte Suprema -en la arista de la casación impulsada por los opositores- consideró que el fallo de diciembre de 2024 -el que resolvió la discusión de fondo y anuló el dictamen del Comité de Ministros y le ordenó votar de nuevo, pero bajo parámetros muy estrictos y respetando lo que ya habían resuelto los tribunales ambientales con anterioridad- no era una sentencia definitiva y, por tanto, no cabía a su respecto iniciar un procedimiento de cumplimiento incidental”.
Cabe destacar que al cierre de esta edición, no fue posible contar con una declaración por parte de la empresa Andes Iron.
RESPUESTA DEL GOBIERNO ACTUAL
Sobre la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, la Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas fue enfática en señalar que “la Corte de Apelaciones de Antofagasta se ha pronunciado en un fallo unánime, aclarando las competencias de cada institución en materia ambiental. Esto implica que el Proyecto Dominga se encuentra rechazado en base a la decisión del Comité de Ministros de enero de 2025”.
La ministra además destacó que el Comité de Ministros cumplió en su momento con la sentencia de diciembre de 2024 y dentro del ámbito de sus competencias, procedió a acoger una serie de reclamaciones, rechazando el proyecto en enero de 2025.
Asimismo, el Seremi del Medio Ambiente de la Región de Coquimbo, Leonardo Gros Pérez sostuvo que “en Chile la democracia funciona y los tribunales son soberanos para resolver de acuerdo a los antecedentes que tengan a la vista. Nosotros confiamos y respetamos siempre los dictámenes”.
OPINIONES DIVERSAS
Por su parte, el diputado Daniel Manouchehri afirmó que “la Corte de Apelaciones fue clara, un tribunal no puede cambiar lo que resolvió el Comité de Ministros ni inventar fórmulas fuera de la ley, como hizo sospechosamente el Tribunal Ambiental, tal como lo advertimos hace un año”.
En línea con esto, la diputada Carolina Tello manifestó que “esta sentencia confirma lo que hemos dicho siempre: el proyecto Dominga está rechazado porque es inviable técnica y ambientalmente. Nuestra prioridad seguirá siendo impulsar una economía verde”.
En relación a este nuevo giro judicial, la diputada Nathalie Castillo sostuvo que “el último fallo vuelve a dejar en evidencia que Dominga es un proyecto marcado por vicios graves en su tramitación y por antecedentes de corrupción que no pueden ignorarse”.
A pesar de esto, el diputado Juan Manuel Fuenzalida reconoció que “lo cierto es que los fallos judiciales no se comentan, se acatan y por lo tanto el Proyecto Minero Dominga se tendrá que continuar revisando judicialmente, sobre todo lo que dice en relación con esta resolución”.
