La Contraloría Regional de Valparaíso emitió cinco informes de auditoría en los que dio cuenta millonarias irregularidades en la gestión de recursos destinados a enfrentar la emergencia del megaincendio de febrero de 2024 en la región.
El informe develó pagos no acreditados, gastos improcedentes y deficiencias de control en recursos usados tras la emergencia, involucrando a municipalidades, la Delegación Presidencial Regional y la Dirección Regional de Arquitectura.
En concreto, el Informe N°528/25 detectó pagos no acreditados y deficiencias contractuales por más de 586 millones de pesos en adquisiciones realizadas por la Delegación Presidencial de Valparaíso durante la emergencia. La auditoría advirtió posibles sobreprecios y uso injustificado del trato directo.
En el Informe No535/25 se sostuvo que la Municipalidad de Quilpué presentó gastos improcedentes, tales como la compra de cocinillas sin certificación SEC y el extravío de bienes donados, además de falencias en la entrega de ayudas y en la gestión de personal y proyectos.
Asimismo, en el Informe N°503/25 se expusieron irregularidades en el manejo de ingresos, gastos, donaciones y ayudas a damnificados por parte de la Municipalidad de Viña del Mar, entre febrero 2024 y abril de 2025. Se constataron problemas de rendición, falta de trazabilidad de beneficios y vulneraciones a la normativa de compras públicas.
Dado lo anterior, fueron remitidos los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para las acciones que correspondan.
Otro informe (N°805/25), enfocado en la Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso, detectó un pago indebido superior a 434 millones de pesos por demoliciones no ejecutadas o parcialmente realizadas. Además, de deficiencias en contratación y control interno.
En tanto, se constataron -en el Informe N°500/25– pagos no acreditados por más de 782 millones de pesos en demoliciones del sector El Olivar, con irregularidades en la adjudicación, sobreprecios y deficiencias en los respaldos, por lo que se solicitó un expediente del procedimiento instruido por la Fiscalía Nacional del Ministerio de Obras Públicas, para que sea el propio ente contralor quien continúe con su tramitación.
Asimismo, para todos los casos se instruyeron sumarios administrativas y la regulación de los procesos observados, además de adoptar medidas correctivas.
