La Justicia argentina impidió este sábado al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, viajar a Venezuela por la causa que lo investiga por presunta corrupción.
Tapia fue invitado por la Federación Venezolana de Fútbol a la ceremonia de inauguración de un nuevo centro de entrenamiento de alto rendimiento en la localidad de Barquisimeto, por lo que pidió autorización al juzgado que tramita su causa para estar fuera de Argentina entre este sábado y el 3 de marzo, pero el requerimiento fue rechazado.
La agenda del dirigente máximo del fútbol profesional argentino, vicepresidente de la Conmebol, ya había incluido un viaje entre el 23 y el 28 de febrero, que sí fue permitido por la Justicia, con destino a Barranquilla (Colombia) y Río de Janeiro (Brasil), también como parte de su rol en la Conmebol, del que regresó a Buenos Aires el jueves 27.
Según medios locales, la negativa de la Justicia a un nuevo viaje de Tapia se justifica por inconsistencias en las invitaciones que el directivo recibió y la inestabilidad política en Venezuela, que podrían complicar su regreso a Argentina para concurrir a la citación para declarar por la causa de corrupción que lo involucra.
Un fallo firmado por el juez Diego Amarante el pasado 19 de febrero citó a Tapia a brindar declaración indagatoria en una causa en la que fue imputado por la presunta retención ilegal de aportes previsionales y otros tributos y prohibió su salida de país «con el objeto de asegurar la efectiva realización de los actos procesales dispuestos».
La causa investiga una supuesta maniobra de más de 19.300 millones de pesos (más de 14 millones de dólares) vinculada a retenciones impositivas y aportes a la seguridad social y a raíz de una petición formulada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que actúa como querellante en la causa.
La tensión entre el Gobierno argentino y la AFA, desde hace más de un año, se disparó por la intención del Ejecutivo de avanzar con un modelo de sociedades anónimas deportivas en el fútbol del país, lo que rechazó de plano la entidad rectora del fútbol nacional y la mayoría de los clubes.
La decisión judicial de la semana pasada alcanzó también al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, así como a su director general, Gustavo Roberto Lorenzo, al secretario general, Cristian Ariel Malaspina, y a su antecesor, Víctor Blanco Rodríguez.
