El fiscal director de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público, Eugenio Campos, confirmó en El Diario de Cooperativa que la Fiscalía abrió una investigación penal tras los informes de la Contraloría General de la República que detectaron presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos luego del megaincendio que afectó a Viña del Mar y Quilpué en febrero de 2024.
Según explicó el persecutor, el Ministerio Público recibió dos informes del órgano contralor —correspondientes a 2025— que dan cuenta de «irregularidades bastante graves desde el punto de vista administrativo», las que podrían también «revestir carácter de delito» al estar comprometido el patrimonio fiscal.
«Cuando existen observaciones sobre opacidad en la contratación, falta de transparencia en la ejecución de contratos o el otorgamiento de dineros para obras que eventualmente pudieran no haberse ejecutado, son indicios de que esto no solo debe aclararse en sede administrativa, sino que eventualmente podría tener relevancia penal», afirmó.
Demoliciones y adjudicaciones bajo la lupa
Campos detalló que la investigación actualmente se centra en los informes vinculados a la Dirección Regional de Arquitectura, particularmente en contratos asociados a demoliciones de viviendas siniestradas tras la catástrofe.
«Si yo estoy pagando una demolición respecto de una determinada casa, voy a verificar si efectivamente esas casas estaban demolidas«, ejemplificó, aunque aclaró que el foco no se limita a ese punto.
El fiscal indicó que también se revisará el proceso completo: desde la adjudicación de contratos, la experiencia de las empresas, si se trató de las mejores ofertas, hasta la correcta ejecución y respaldo de los trabajos pagados.
«Puede eventualmente revestir carácter de delito, entre otros, por ejemplo, una figura de fraude al Fisco«, sostuvo.
No obstante, precisó que no todas las observaciones de Contraloría serán necesariamente materia penal: «Puede haber una observación sin delito y puede haber una observación que redunde en un delito, que va a seguir investigando la Fiscalía».
«La premura no es excusa»
Consultado respecto de si la urgencia propia de una emergencia puede considerarse un atenuante, Campos fue enfático: «La urgencia no quiere decir que relaje los controles o las fiscalizaciones. Con mayor razón se deben tener mayores precisiones en esos controles».
El persecutor recordó que experiencias previas demuestran que, en contextos de catástrofe, pueden generarse oportunidades para cometer ilícitos. «La premura aquí no es excusa para ninguna de las situaciones que eventualmente se podrían encontrar», subrayó.
Coordinación con Contraloría y el CDE
Campos destacó que los antecedentes fueron remitidos directamente por la Contraloría al Ministerio Público, en cumplimiento de la obligación de denunciar hechos que pudieran revestir carácter de delito.
«Es vital la relación con la Contraloría. Ellos levantan hallazgos y, cuando estiman que pueden ir más allá de lo administrativo, los remiten a la Fiscalía», explicó.
Asimismo, confirmó que ya existe coordinación con el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que tiene como misión velar por la protección y eventual recuperación del patrimonio fiscal. «Es una tríada que nos ha resultado muy bien para el éxito de la persecución penal», señaló, aludiendo al trabajo conjunto entre Fiscalía, Contraloría y el CDE.
¿Más corrupción o más denuncias?
Finalmente, al ser consultado por el estancamiento de Chile en el Índice de Percepción de la Corrupción (donde el país marca 63 puntos), Campos planteó que hoy existen más canales de denuncia y mayor capacidad de detección.
«Tenemos más canales: medios de comunicación, reportes de la Unidad de Análisis Financiero, informes de Contraloría y más denuncias de la ciudadanía«, indicó.
Sin embargo, también reconoció que «hay más hechos que se denuncian» y que aún se debe fortalecer la integridad interna en las instituciones públicas. En ese sentido, destacó la Ley de Protección del Denunciante (21.592), que obliga a funcionarios a reportar no solo delitos, sino también faltas administrativas.
«Hay que mejorar nuestros canales de integridad al interior de las instituciones públicas, para que el funcionario se atreva más a denunciar«, concluyó.
